La SCJN niega amparo a indígenas y avala la Ley Minera

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó el amparo al pueblo Maseual, de la Sierra Norte de Puebla, contra la Ley Minera y avaló por unanimidad su constitucionalidad, pese a los llamados que hicieron la Semarnat y el INPI.

El abogado Xavier Martínez del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) dijo que al negar la inconstitucionalidad de los artículos 6, 7, 10, 13, 13 BIS, 15 y 19 de la Ley Minera, la Segunda Sala de la Suprema Corte dejó pasar “una oportunidad histórica” para poner fin a un modelo de desarrollo extractivista de “violencia estructural” contra comunidades indígenas y sus derechos al territorio, agua, medio ambiente e identidad cultural.

“Nosotros planteamos que el corazón del sistema minero es la Ley Minera y es inconstitucional, porque no fue construida con los pueblos, los guardianes del territorio y el patrimonio biocultural. Pero se confirmó un sistema que discrimina pueblos y violenta a la naturaleza, por lo que se seguirán agravando y escalando los conflictos socioambientales que hemos visto en el país. Los pueblos seguirán saliendo en defensa de su territorio y entonces el Poder Judicial se seguirá llenando de amparos”, afirmó. “Los pueblos no pueden vivir sin sus territorios, son sus espacios de vida”.

Para Martínez, el resolutivo de la Corte fue “penoso y ominoso”, ya que los artículos referidos de la Ley Minera justifican un modelo que “explota la tierra y a las comunidades indígenas”. Al dar el espaldarazo a la Ley de 1992, se mantiene que la actividad minera es de utilidad pública con preferencia en el acceso al agua superficial y subterránea, sigue que en la designación de títulos de concesión los pueblos tienen desventaja al no poder negarse y se continúa con la posibilidad de concesiones mineras por 50 años o más.

La sentencia sobre la constitucionalidad de la Ley Minera no tiene marcha atrás. Pero el pueblo maseual logró desde 2018 un amparo contra tres concesiones mineras en etapa de exploración en Cuetzalan, Puebla, otorgadas en 2007, 2008 y 2011 a la compañía mexicana Minera Autlán, de José Antonio Rivero Larrea. Están en espera que en los próximos meses un Tribunal Colegiado confirme o revoque este amparo otorgado por una Jueza de Distrito en Puebla, quien pidió suspender las concesiones hasta que se realice una consulta indígena.

MINISTROS-SEGUNDA-SALA
Los ministros de la Segunda Sala en sesión remota votaron por la constitucionalidad de la Ley Minera. Foto tomada de video.

Previo a la votación, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) expresó su interés de que la Ley Minera tuviera como principios fundamentales proteger la vida y priorizar el bienestar común, así como garantizar el derecho de consulta de los pueblos indígenas; mientras que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) llamó a invalidar la legislación por contravenir los derechos de las comunidades.

Pero los ministros de la Segunda Sala resolvieron en sesión remota que “la Ley Minera no es inconstitucional por no prever dicha consulta, ya que la obligación de hacerlo está prevista en la Norma Suprema y en un Convenio Internacional y, por eso, aplica para todas las materias, incluida sin duda alguna la minería, sin que sea necesario que cada ley lo tenga que prever o regular. Sujetar la obligatoriedad de la consulta a su reconocimiento en una ley secundaria sería reducirla a un texto normativo de menor jerarquía”.

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