Piden al Senado no catalogar protestas como amenazas

An anti-government activist clashes with riot police during a protest in Caracas on April 1, 2014. In a direct challenge to President Nicolas Maduro, prominent opposition politician Maria Corina Machado vowed to take her seat in the National Assembly despite her ouster by the Supreme Court. The head of the legislative body had ordered Machado expelled and her parliamentary immunity stripped last week after she tried to speak before the Organization of American States about her country’s crisis. AFP PHOTO/FEDERICO PARRA

La Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU recomendó al Senado, en el marco de la construcción de las leyes secundarias de la Guardia Nacional, que las manifestaciones y protestas sociales no sean consideradas “una amenaza al orden público”, esto en cuanto a la Ley Nacional del Uso de la Fuerza.

Por lo que los cuerpos policiacos deben actuar como “facilitadores” y no como elementos de “contención o confrontación” con los manifestantes, además de atender los estándares internacionales y no obstaculizar el acompañamiento de periodistas y defensores de derechos humanos.

“Debe considerarse que la mera dispersión de una manifestación (…), no justifica el uso de la fuerza por parte de los elementos de seguridad. La fuerza letal está prohibida y las armas de fuego deben ser excluidas. El uso de armas menos letales es desaconsejado, pues su uso a menudo es indiscriminado, como es el caso de gases lacrimógenos, proyectiles de goma, plástico y caucho”, señala el texto.

Otra recomendación es que se “prohíba de manera absoluta” el uso de la fuerza con dolor o sufrimiento intencional, que la ley en la materia contemple la perspectiva de género, que los principios de transparencia y rendición de cuentas sean rectores, y que se asegure la investigación de “violaciones a derechos humanos”, además de regular las responsabilidades directas y omisión, de los mandos y acciones de subordinados.

La ONU sostiene que dicha ley tiene que incluir como sujetos obligados a todos los agentes que el Estado utilice para ejercer la fuerza en sus funciones de seguridad pública, de procuración de justicia, autoridades penitenciarias y migratorias, además de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional.

“La definición del uso de la fuerza en la ley debe ser lo suficientemente comprensiva para regular todos los aspectos en que se utilice la misma por parte de agentes estatales”, menciona la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos.

Estas recomendaciones son parte del acuerdo que hizo el gobierno federal con la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, durante su visita a México en abril pasado.

Entre las propuestas para la Ley Nacional del Registro de Detenidos, la ONU señala abarcar todo el proceso de detención, a fin de que se constituya la cadena de custodia, y se conserve la información del detenido por un plazo prolongado, así como prever diversos tipos de información recabada en el registro y enfatizar en el carácter nacional de este instrumento para que ocurra en todos los niveles de gobierno.

“Establecer una ponderación clara entre protección de datos personales de las personas privadas de su libertad y los derechos a la transparencia y acceso de la información, mediante la creación de un sistema de consultas y niveles de acceso (…). Regular los diversos mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, mediante reglas claras de control de las consultas y manejo de la información en el registro (…)”, se lee en el documento.

En entrevista al concluir las mesas de negociación de las leyes, el senador Damián Zepeda (PAN) precisó que hay un avance bastante bueno de 90% en las leyes del Sistema Nacional de Seguridad, Registro de Detenciones, Uso de la Fuerza y Guardia Nacional, aunque en ésta última siguen revisando la solicitud de licencia de los elementos de las Fuerzas Armadas que deseen ingresar al nuevo cuerpo policiaco.

Explicó que ya se acordó que será el gobierno federal el que asuma el costo de la Guardia Nacional cuando se despliegue en todo el país, y sólo compartirán gastos con los estados y municipios, cuando éstos soliciten el apoyo.

“Vamos bien, queremos una guardia civil en todos los aspectos, queremos que los elementos de las Fuerzas Armadas pidan licencia para ser integrantes de la Guardia Nacional. En el caso de Uso de la Fuerza seguimos en el tema de las manifestaciones”, destacó Zepeda Vidales.

La coordinadora del PT, Genoveva Bañuelos, agregó que ya quedó que todos aquellos que provengan de las policías Naval y Militar se rijan por un mando civil, “estamos esperando un intercambio con el Ejecutivo federal para concluir”, sobre la ley sobre el uso de la fuerza, será hasta hoy cuando se concluyan los trabajos.

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