Habitantes de Oaxaca acusan que empresa coreana hará fábrica de focos en su Patrimonio Cultural

Por Daniela Barragán

Durante los últimos dos años, los habitantes del municipio de San Juan Yucuita, Oaxaca, han resistido en protesta por la construcción de una planta ensambladora de focos LED. La respuesta de las autoridades locales y estatales a ellos fue que no existe tal obra, aunque en otros foros presumieron la inversión que dicho proyecto traería.

De acuerdo con el relato de los pobladores, en agosto de 2017 el gobierno local encabezado por Gildardo Rodríguez Ramos (antes del Partido Revolucionario Institucional, hoy del Movimiento de Regeneración Nacional), entregó invitaciones a otros presidentes municipales para la colocación de la primera piedra de esta planta que tendría inversión de origen coreano. Se contaría con la presencia del Gobernador Alejandro Murat Hinojosa y también con la del entonces Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Dos años después, el terreno está bajo custodia y la cabecera municipal está tomada. Hay preocupación por las afectaciones que esta planta pueda traer al ambiente y en general a la zona, que forma parte de un área protegida por la Unesco y por la que atraviesa el río Verde, del que dependen las actividades económicas de al menos otros cinco municipios.

En 2017 apenas alcanzaron a darse cuenta de la intención del Gobierno de colocar una planta ensambladora de focos led. Foto: Shutterstock

Esta es una zona de Oaxaca con altos índices migratorios, por lo que la población está conformada en su mayoría por mujeres y niños, pero las obras de inversión que se implementan ahí llevan en su mayoría trabajo temporal.

La llegada de la planta de LED no era una promesa de mejora. La comisión que se conformó para buscar la información que les fue negada, encontró que se formarían hasta 600 empleos, con un sueldo de 300 pesos por día.

Actualmente, los habitantes de San Juan no piden ni una Manifestación de Impacto Ambiental –que no la hay– ni una consulta libre, previa e informada –que tampoco se las han propuesto–. Quieren un compromiso de que ni la actual administración, ni cualquiera que venga, active este proyecto que denuncian, atenta contra su territorio y sus usos y costumbres.

EL PROYECTO SECRETO

En entrevista con SinEmbargo, Cristina Pedro García, habitante de San Juan Yucuita, contó el inicio de la problemática que se alarga hasta estos días.

De acuerdo con su relato, en la semana del 20 de agosto de 2017, el pueblo empezó a tener inquietud porque se rumoró, por otras comunidades, que se iba a instalar una fábrica ensambladora “y que según habría mucho empleo”. Ante las dudas, se reunieron varios pobladores de la comunidad y se tomó la decisión de investigar.

“Preguntamos al municipio, pero el Presidente Gildardo Rodríguez Ramos se negó a darnos información, que él no sabía y no nos podría extender ningún oficio ni ninguna información porque no era cierto. Hubo omisión de información de su parte, no nos quiso informar. Formamos una comisión entre el pueblo que se daría a la tarea de buscar más información al respecto”, comentó.

También en esos días llegó la información de que el municipio, que conforman el Geoparque Mixteca Alta, era parte del Patrimonio Cultural de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). En consecuencia, se formó una comisión con pobladores de cada una de las localidades que integran ese perímetro.

Al preguntar a los presidentes municipales, confirmaron que habían recibido ya una del Presidente municipal de Yucuita en conjunto con el Gobernador del estado, para que el 23 de agosto a las 10 de la mañana asistieran a la colocación de la primera piedra de la ensambladora.

“El municipio de San Bartolo Coyotepec nos dijo que por qué la negativa a la fábrica, ya que a ellos les habían prometido ya una ambulancia y les iban a pavimentar las calles de su municipio. Pero ese municipio está a 30 kilómetros de aquí, entonces es bastante el tramo lo que abarcaría la ensambladora para prometer calles pavimentadas. Entonces por la confirmación de varios municipios supimos que era verdad la invitación de Rodríguez Ramos”, agregó Pedro García.

Luego, continuó, Bienes Comunales del municipio puso en marcha la maquinaria en esa zona para ampliar los caminos y construir un acceso a donde se pretendía poner la fábrica.

El 23 de agosto a las 12 de la noche, el pueblo se reunió y tomó la decisión, con toda la información de que era un hecho la fábrica, de tomar el Palacio Municipal, “pasara lo que pasara, porque no se iba a permitir que se pusiera la fábrica. Se tomó de manera pacífica y desde entonces no se ha vuelto a abrir el municipio ni donde se encuentra la maquinaria. Así ya va para dos años”.

Ese 23 de agosto, con la municipalidad tomada, otra parte del pueblo bloqueó el acceso al terreno. Llegó representación del municipio de Santa Catarina Yosonotú, perteneciente a otro distrito, de acuerdo con Cristina, las autoridades les dijeron que iban a ese evento, “venían con sus bastones de mando, su invitación. Esa fue otra confirmación y nos dijeron que incluso vendría el Secretario de Gobernación y que entonces traían sus proyectos, documentos y hasta pliegos petitorios”. El evento, finalmente, no se realizó.

El 22 de noviembre de ese mismo año, en una reunión en el Palacio Municipal los habitantes de la zona le exigieron al Presidente municipal que diera información, pero no quiso entablar la Asamblea General Comunitaria y los dejó. Solo alcanzó a decir que él no había firmado nada, que no era cierto, que el proyecto “estaba en veremos”, pero que de concretarse habría empleo para 600 personas con un sueldo de 300 pesos diarios.

En San Juan Yucuita, la principal actividad económica es la agricultura de temporal de maíz, frijol y trigo. La ensambladora de LED significaría una afectación para la zona por los desechos generados y por la explotación del río.

“El río es la principal preocupación, también la tierra. Es terreno agrícola. Son 2 mil años de cultura milenaria en este pueblo. Eso nos preocupa: los contaminantes, los desechos a dónde iban a parar. Nada se ha dicho de una consulta previa, libre e informada. Mucho menos un estudio de impacto ambiental, pero no lo pedimos, queremos la cancelación de la empresa y que ninguna administración de las que vengan quiera atentar contra el territorio”, recalcó Cristina.

Los pobladores señalan que el Gobierno federal no los ha escuchado y que únicamente se limitaron a recibir unos documentos pero no ha habido seguimiento.

Otro punto que resaltan es que aunque hay unas autoridades que niegan que existe tal proyecto, buscan silenciar sus protestas.

“Funcionarios públicos de Oaxaca, con la última visita del Presidente, nos pidieron que no protestáramos, que no le entregáramos nada. Que se sentarían de nueva cuenta con nosotros. Fue el asesor del Gobernador Murat el que nos dijo que nada de pancartas ese día, que a cambio nos iban a apoyar. El día lunes después de la visita nos citaron a las 8 de la mañana en la Secretaría General de Gobierno y el asesor dijo que podía ponernos un abogado pero que había que pagarlo”, contó Pedro García.

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