Diputados sacan una reforma laboral precipitada

Daniela Barragán

El tiempo apremia y se nota en la velocidad que los legisladores le metieron a la Reforma Laboral. A punto de discutirse y aprobarse en el Pleno de la Cámara de Diputados, el dictamen arrastra críticas por la premura en su análisis, la ausencia de la regulación del outsourcing, por algunos de los cambios que prevé en materia sindical y por el cambio en las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Aunque la oposición sostiene que el documento presentado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) responde a intereses de Estados Unidos, cuando debe priorizar las condiciones laborales, el Presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó la aprobación de la reforma para que no se obstaculizara la firma del Tratado de México-Estados Unidos-Canadá.

“Lo hemos dado a conocer a los legisladores, que son independientes, son autónomos. No queremos que se dé ningún motivo para reabrir las negociaciones del tratado, consideramos que no le conviene al país”, dijo en conferencia de prensa.

Antes, la presidenta de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo que no se votaría el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) hasta que México mejorara las condiciones laborales en su Reforma Laboral.

En el T-MEC se incluyó el Capítulo 23-A y su anexo, que establece obligaciones en materia de derechos sindicales, negociación colectiva, libertad y democracia sindical, así como el ejercicio del voto individual, libre y secreto de los trabajadores.

El documento de 600 páginas pasó rápidamente de su análisis al Pleno, son notorios los claroscuros; el pre dictamen se aprobó con votos de los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Movimiento Ciudadano (MC), Encuentro Social (PES) y Revolucionario Institucional (PRI) y aunque hubo cuatro propuestas distintas quedó la del partido mayoritario.

De entre los resultados finales está que en materia sindical, los miembros de estos, de federaciones y confederaciones, contarán con los derechos de libre afiliación y de participación y que las federaciones y confederaciones deberán constituirse por al menos dos organizaciones sindicales.

También incluirá protocolos para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso sexual.

Sin embargo, la reforma no incluye la regulación del outsourcing, modo de contratación que incrementó “de manera exponencial” en los últimos seis años, afectando principalmente a mujeres y jóvenes, según quedó asentado en un estudio elaborado por el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS).

NUEVA REFORMA CON TINTES A 2012

En entrevista con SinEmbargo, el abogado y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Manuel Cervantes Bravo, sostuvo que la Reforma vuelve a ser precipitada.

“Ya en 2012 tuvimos una iniciativa preferente por parte del Presidente de la República de entonces –Felipe Calderón– y nos resultó una reforma muy parchada. Hoy, la nueva Reforma principalmente lleva el concluir la Reforma Constitucional de febrero de 2017 donde las Juntas de Conciliación y Arbitraje desaparecen como tal. Es más, si vemos el texto de la Constitución, ya no vemos el nombre de las Juntas, son unas autoridades laborales que ya no tienen fundamento constitucional. Entonces esta reforma lo que creará es, en primer término, esos tribunales laborales sustituyen a las Juntas. Eso va como punta de lanza”, señaló.

En marzo de este año, Horacio Duarte Olivares, subsecretario de Empleo y Productividad Laboral y Luisa María Alcalde, Secretaria el Trabajo, encabezaron una reunión de Secretarios del Trabajo y Homólogos de los Gobiernos Estatales, en la que se trataron temas propuestas derivadas de la propuesta a la Reforma Laboral. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro.

Desde la perspectiva del académico, en el texto sí hay algunas partes en las que el T-MEC y Estados Unidos, metieron presión, sobre todo en el tema de la libre contratación y en contra del sindicalismo, “es decir, al sindicalismo lo van a pulverizar y lo van a dejar como una cuestión de adorno. Leí las iniciativas de los partidos y no coinciden, parece que la tienen cocinada”.

Puso como ejemplo que actualmente los sindicatos tienen la facultad de establecer en sus contratos una cláusula de admisión en la que proponen a las empresas al trabajador con mayores capacidades. Eso para las empresas significa que es una autorización del sindicato que merma sus facultades como patrón, pero ocurre que el sindicato, como parte del derecho colectivo, viene a ser una fuerza en la relación laboral, “entonces ahora se tendrán dos fuerzas que equilibren la relación laboral y no se tengan problemas sociales en cada momento por la interpretación del contrato. Eso, los primeros años, puede generar muchos conflictos si no se lleva adecuadamente”.

“Lo que se esperaba es que no fuera tan grosera en contra de los trabajadores. La verdad es que todo viene en contra de ellos y de los sindicatos”, añadió.

De acuerdo con el documento final, se prevé la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que tendrá la función de conciliar, llevar el registro de todos los contratos colectivos de trabajo, establecer el Servicio Profesional de Carrera y seleccionar al personal.

En febrero de este año, Carlos Salazar Lomelín, nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial asistió a las Audiencias Públicas para la Reforma Laboral, realizada en las Cámara de Diputados. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro.

También se establece que los miembros de los sindicatos, federaciones y confederaciones, cuentan con los derechos de libre afiliación y de participación al interior de éstas, que implica que nadie podrá ser obligado a formar o no parte de estos grupos; que los procedimientos de elección de sus directivas deberán salvaguardar el derecho al voto personal, libre, directo y secreto de los miembros y el periodo de duración de las directivas no podrá ser indefinido o de una temporalidad tal que obstaculice la participación democrática de los afiliados.

Y agrega que un sindicato incumple con su objeto o finalidad cuando sus dirigentes, apoderados o representantes legales incurran en actos de extorsión en contra de los patrones y en caso de comprobar estas conductas para demandar la cancelación del registro sindical.

Las problemáticas que este nuevo modelo podría generar recaen en el acceso la justicia laboral, ya que los gobiernos de los Estados y el federal no están preparados ni económicamente ni con instalaciones para colocar los nuevos tribunales laborales.

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