Lagunas, en las reformas del Congreso a la Ley de Alcaldías

Deben los titulares cumplir con una serie de principios para la elaboración y uso del gasto

 

El Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas a la Ley Orgánica de Alcaldías para permitir a los titulares de las 16 demarcaciones establecer la estructura y la organización de las unidades administrativas en sus gobiernos a partir de las características y las necesidades de su territorio.

La reforma obliga a los alcaldes a ejercer dicha facultad observando los principios de racionalidad, austeridad, economía, planeación y disciplina presupuestal y les fijó como plazo hasta el 31 de octubre para registrar dicha estructura ante la Secretaría de Finanzas, más 30 días naturales para expedir el manual de organización correspondiente a partir de la fecha en que se publique la reforma.

En el proyecto de dictamen, aprobado la víspera en Comisiones Unidas de Alcaldías y Normatividad y Prácticas Parlamentarias, se aplicaron modificaciones para suprimir la propuesta de Morena donde se establecía que en caso de que el concejo no aprobara el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal del siguiente año, el titular de la alcaldía podía enviarlo al Ejecutivo con observaciones para incorporarlo a la iniciativa de presupuesto de egresos.

Tampoco se incluyó la reforma para establecer si la aprobación del presupuesto por el concejo debía ser por mayoría simple de seis de los 10 concejales, como propuso Morena, o por las dos terceras partes que planteó el Partido del Trabajo.

El dictamen aprobado por mayoría de 60 votos modificó requisitos que deberán cumplir las personas propuestas para dirigir algunas áreas y garantiza que el concejo de la alcaldía cuente con personal auxiliar para el desempeño de sus funciones, así como insumos y un espacio físico adecuado.

Al presentar al pleno el dictamen, la presidenta de la Comisión de Alcaldías, Yuriri Ayala Zúñiga, dijo que el Congreso asume su responsabilidad de respaldar a las alcaldías para que alcancen un nivel de gestión gubernamental óptimo para satisfacer las necesidades de los ciudadanos.

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