La política de la anticorrupción

Eduardo Ponce

 

La realidad del país no cambia por generación espontánea, tampoco con buenos deseos y promesas. Estamos de acuerdo en que la corrupción no es un problema cultural, pero tampoco que quienes estén cerca de poder y pueden enriquecerse sin poner en riesgo su libertad no caigan en la tentación de llenar sus arcas con dinero mal habido, tanto que eje de campaña de Andrés Manuel López Obrador giro en torno a este tópico y que no pocos mexicanos, al menos eso dijeron ciertas encuestas, votaron porque prometió acabar con la corrupción e impunidad. La cultura  no se consume, al estilo de una distracción cualquiera, sino que está para ser asumida.

La historia de México es la historia de la corrupción e impunidad, de modo que las propuestas de López Obrador de acabar en seis años con la corrupción se antoja imposible, sin embargo, hay que darle tiempo, sobre todo si las acompaña con una reforma política donde las instituciones sean confiables en la medida que midan con el mismo rasero a todos los ciudadanos, es decir, que el ciudadano -ese ente que paga sus inpuestos, se mantiene dentro del marco legal, tenga la certeza de que quienes están el frente de dichos cargo se encargarán de la  imparticipación de justicia, de velar por su seguridad, de que los impuestos tengan el fin para el cual son recabados, que el sector salud atienda al grueso de la ciudadanía, que haya una educación de calidad, que los mexicanos accedan a una vivienda digna, que los medios de transporte sean suficientes y eficientes, que al campo le lleguen los apoyos que se le destinan,  en fin. Todos estos estadios están permeados por la corrupción, así que esperemos que el presidente electo tenga a la gente idónea con la capacidad de controlar los mandos medios y bajos donde, desde el policía de tránsito hasta el que expide una licencia de manejo, desde el taxista que tiene alterado su taxímetro hasta los comerciantes que despachan kilogramos de 900 gramos o litros de gasolina incompletos, hay una fuga de capital y un golpe a la economía al bolsillo del consumidor.

La clase política se cuece aparte. Es el poder con el que Andrés Manuel López Obrador tendrá que negociar, aun cuando tenga mayoría en los Congresos, recuerde el lector que AMLO llegó a la Presidente en coalición con el PT y  el PES, esto es,  las negociaciones tendrán que seguir, y en México negociar  significa que en dichos acuerdos haya ganancias para todos, excepto para los gobernados.

De la política de desarrollo del próximo poder Ejecutivo también es otro tema. Acabar hipotéticamente con la corrupción tampoco es una garantía per se para el impulso urgente de la economía y de la disminución de la pobreza, temas que laceran al pueblo de México.

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