Por Adela Navarro Bello

 

FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

Enrique Peña Nieto sigue siendo el Presidente de México. De su mandato constitucional aún le falta ejercer el poder por cuatro meses 21 días más. Concluirá el 1 de diciembre de 2018 cuando tome posesión Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, por las reacciones de algunos líderes de sectores, partidos políticos, titulares de poderes, de gobiernos y congresos, pareciera que el Presidente ya no es Presidente y quien ocupa ese cargo es el ganador de la elección del 1 de julio de 2018.

Con el presidencialismo tatuado en la piel pública de las formas que son fondo, los actores de la vida política, económica y social de México se han volcado hacia López Obrador y casi casi ya “acuerdan” con él cuando hay un Presidente y es distinto al ganador de la contienda. De repente en el besamanos que aún no termina, se han olvidado de Peña Nieto y sabrá qué estará haciendo, tramando o planeando el todavía Ejecutivo Nacional.

Veamos, estamos en el tradicional año de Hidalgo y además en un gobierno emanado del partido político que creó el año de Hidalgo y el de Carranza también, y pocas instituciones y grupos de la sociedad civil están ahora con la lupa al gobierno de Enrique Peña Nieto, por estar banderilleando al que aún no inicia de Andrés Manuel López Obrador.

Por ejemplo, han comenzado a pedirle al electo que se comprometa con la lucha anticorrupción (de hecho esa fue su bandera de campaña), pero se están olvidando que el actual gobierno, al que le restan 4 meses con 21 días, sigue tan corrupto como inició. Que ni Emilio Lozoya Austin, ni Rosario Robles, ni Gerardo Ruiz Esparza, ni Luis Videgaray, ni el entorno principal del Presidente, ni Secretario o Universidad alguna que hayan contribuido a la Estafa Maestra, han sido debidamente investigados, retirados del cargo, sancionados, o indagados respecto los actos de corrupción por los que han sido harto señalados en investigaciones de grupos de la sociedad civil y de periodistas de investigación.

Vaya, que se están preocupando por la corrupción que pudiera venir en el futuro, sin castigar la actual.

Ahora se acusa a Andrés Manuel López Obrador de no querer cambiar las bases para la Fiscalía General de la República, cuando el Presidente Enrique Peña Nieto se negó a hacerlo en su momento cuando con su bancada y aliados no escuchó a los grupos que exigían un cambio de fondo, y en contraparte votaron por una premisa que les es favorable, además que hoy día deja de actuar cuando aún puede cambiar la legislación al tener las Cámaras a modo.

Casos actuales de sospecha de corrupción hay, y muchos. Por ejemplo, al 30 de junio de 2018, el gobierno de Enrique Peña Nieto no había subsanado presuntas irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación sobre la fiscalización de la cuenta pública 2017, por un total de 4 mil 205 millones 585 mil pesos.

En eso, es al sector salud al que más inconsistencias le fueron detectadas, por 3 mil 691 millones 426 mil pesos. Donde el Fondo para Aportaciones para los Servicios de Salud es la entidad con mayor recurso observado, pues se desconoce el destino, transferencia, gasto o inversión de mil 578 millones 323 mil pesos, además de 575 millones 599 pesos que andan bailando de los Acuerdos de Coordinación del Seguro Popular, por mencionarle algunos.

En general, la cuenta pública del 2017 del gobierno de Enrique Peña Nieto, presenta inconsistencias en, Hacienda y Crédito Público, en el sector agrícola así como en el de comunicaciones y transportes, en Prospera, en el gasto de la infraestructura social básica y hasta en el fondo para el fortalecimiento de la infraestructura estatal y municipal.

O ahí está el terreno de Cancún-Tulum que valuado en mil 239 millones de pesos por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacional, la SEDATU vendió en 61 millones de pesos.

Y aunque suene cansado (así es la impunidad), el caso de Odebrecht en cuyas investigaciones internacionales por sobornos de la compañía brasileña a funcionarios de gobiernos, únicamente en dos no hay investigados, procesados o sentenciados, y uno de esos países es, por supuesto, México. Donde Emilio Lozoya Austin, señalado por los directivos -presos- de la compañía como el depositario de más de 10 millones de dólares, sigue libre, protegido por una investigación congelada en la PGR, y por amparos del Poder Judicial.

Además aun cuanto incuantificables por el temor de los extorsionados para denunciar debido a las represalias que pudieran sufrir, están los moches por adjudicación de contratos, obras, y licitaciones, que el Gobierno Federal que encabeza Enrique Peña Nieto ha entregado en cinco años y seis meses.

Total, que por andar señalando al Presidente Electo y exigirle cuentas anticipadas, se está olvidando que los recursos de México están siendo administrados por el gobierno señalado como el más corrupto en la historia reciente de este país, y al cual todavía le quedan 4 meses y 21 días de gobierno, lo cual no es poca cosa considerando la cantidad de recursos que aún pueden ejercer, y la documentación que pueden ocultar, proteger o manipular para cubrir sus tropelías.

Ahora sí que volcados en el presidencialismo, vueltas las miradas escrutadoras hacia el que aún no toma posesión, se le está dejando el camino libre a quien ostenta el poder político de la Nación, Enrique Peña Nieto y colaboradores, quienes todavía están a tiempo de castigar la corrupción, de enmendar las irregularidades, aunque no se les vean ni ganas ni compromiso de hacerlo, son quienes en este momento deben rendir cuentas.

El tiempo de Andrés Manuel López Obrador aún no llega. Le falta poco, pero aún no es Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Todavía el Presidente es Enrique Peña Nieto, y es a quien desde la sociedad civil, organizada y participativa, se debería seguir exigiendo combate a la corrupción, seguridad y justicia.