Campaña de la Iglesia católica en EU contra la política migratoria

 

Una iglesia en Indianápolis colocó ayer las efigies de María, José y el niño Jesús en una jaula, a manera de protesta contra la política migratoria de tolerancia cero impuesta por el gobierno de Donald Trump.

Las estatuas enjauladas fueron colocadas afuera de la catedral episcopal, en la céntrica Glorieta de los Monumentos.

El máximo responsable del templo, Stephen Carlsen, dijo que la instalación es parte de la campaña Cada Familia es Sagrada, que condena la política migratoria de detener y separar a los indocumentados en la frontera con México.

El pasado 21 de junio, Trump tuvo que ceder ante la abrumadora ola de condenas y ordenó el fin de la práctica de separación de las familias migrantes, aunque a partir de entonces comenzó a enjaular a padres e hijos juntos luego de que cruzan la frontera, se reportó en estas páginas.

En esa tónica, autoridades del condado de Willacy, en el sureste de Texas, aprobaron un contrato con la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que permitirá reabrir una prisión para albergar un centro de detención de inmigrantes con capacidad para mil personas.

El juez del condado de Willacy, Aurelio Guerra, dijo que el centro de detención se abrirá en el antiguo Centro Correccional, que se cerró 2015 después de un motín que dejó inhabitables sus instalaciones.

En tanto, el gobierno de Trump dijo que las visitas de legisladores a niños migrantes en centros federales de detención son un desperdicio del tiempo del personal, que podría dedicarse a ayudar a reunir a los niños con sus padres.

Pero los demócratas dicen que a los legisladores se les debe otorgar acceso inmediato a estas instalaciones. Unos 12 mil menores están en estos centros, incluidos 2 mil que han sido separados de sus padres como resultado de la política de cero tolerancia.

En una carta enviada a líderes de las comisiones de asuntos jurídicos del Senado y la Cámara de Representantes, el Departamento de Salud y Servicios Humanos afirma que los arreglos de las visitas de más de 70 legisladores han significado unas 500 horas de trabajo.

En tanto, Human Rights Watch (HRW) indicó que los inmigrantes indocumentados que tienen el valor de denunciar delitos necesitan saber que pueden acudir a la policía sin temor a ser deportados.

Los inmigrantes que se arriesgan para asegurarse de que los delincuentes sean llevados ante la justicia merecen protección, dijo Sara Darehshori, asesora legal de HRW. La Jornada

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