Doce años, 3 presidentes, y las familias de Pasta de Conchos no tienen ni cuerpos para enterrar

 

Elvira levanta la vista. Abre un poco más los párpados. Un cálido brillo emerge de sus redondos ojos negros que minutos antes lloraban al recordar a su esposo muerto el 19 de febrero de 2006. Lleva las manos a su rostro. Suspira.

–No lo podíamos creer. El que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya aceptado nuestra queja contra el Gobierno mexicano es una puerta que se abre; significa que nosotros tenemos la razón. Esperamos ocho años para esto y vamos a seguir luchando por el rescate –dice, con una apacible sonrisa.

En abril de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la queja presentada por Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC) en contra del Estado mexicano por su responsabilidad en la violación al derecho a la vida de 65 mineros fallecidos, la integridad de quienes ahí laboraban y el acceso a la justicia para los parientes de las víctimas en la explosión de la Mina 8 de Pasta de Conchos, la madrugada del 19 de febrero de 2006.

Pasaron ocho años para que el organismo internacional tomara la decisión. La queja fue interpuesta el 19 de febrero de 2010 por 235 familiares de los 65 mineros sepultados en la mina y la  Organización Familia Pasta de Conchos, que en ese momento representaba a más de 600 familiares.

Pasta de Conchos se encuentra en la llamada “zona carbonífera” conformada por los municipios de Múzquiz, y San Juan Sabinas, los cuales, agrupan las ciudades de Nueva Rosita, Palaú, La Agüita y La Florida, en Coahuila, al norte de México. Cinco horas por carretera las apartan de Saltillo, la capital de la entidad, y 135 kilómetros de la ciudad de Piedras Negras, frontera con Estados Unidos.

Nombrar en 2018 a Pasta de Conchos no remite a una región; sino a una tragedia que lejos de llegar a su punto final, se reproduce como si deseara permanecer.

Cristina Auerbar Benavides, directora de la organización Familia Pasta de Conchos, lo resume: “Pasta de Conchos visualiza la tragedia de la minería del carbón: las malas condiciones de seguridad de sus trabajadores, los salarios bajos, la pobreza en la que viven los mineros y la brutal indolencia del Estado mexicano y de los empresarios”.

La mina pertenece a Industrial Minera México (IMMSA), del Grupo México, propiedad del magnate Germán Larrea Mota Velasco, el segundo hombre más rico de México. Con una fortuna estimada en los 17 mil 300 millones de dólares, Larrea Mota Velasco se ubica en el número 72 del ranking global de los hombres con mayor fortuna del mundo, según la lista Forbes 2018.

La compañía del multimillonario, quien semanas atrás acaparó la atención de los medios de comunicación porque –al igual que otros empresarios– llamó a sus empleados a votar contra Andrés Manuel López Obrador y contra un modelo económico populista, recibió la concesión para Pasta de Conchos en 2009, durante el Gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa.

Pasta de Conchos resumen la industria minera en México: malas condiciones de seguridad de los trabajadores, bajos salarios bajos, la pobreza y “la brutal indolencia del Estado y los empresarios”, afirma Cristina Auerbar Benavides, directora de la organización Familia Pasta de Conchos. Foto: Crisanto Rodríguez, SinEmbargo

I

ELLA NO SABÍA LLEGAR A LA MINA

Elvira Martínez arribó confusa y desorientada a las afueras de la mina de Pasta de Conchos ese sábado negro. Era la primera vez que visitaba el lugar. La joven madre no tenía ni el más mínimo conocimiento sobre minería. Jorge Bladimir Muñoz Delgado, su esposo, jamás le platicó acerca del trabajo. Él, ganaba 95.30 pesos por jornada  laboral, al menos así estaba registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2016. Ella no sabía siquiera el nombre de la mina, ni cómo llegar. Habían procreado tres hijos.

“Como él decía que yo no iba a entender, no me platicaba. Pero teníamos un grupo de amigos que nos juntábamos en matrimonios y a ellos sí les narraba que adentro hacía mucho calor; que les faltaba el aire; que las cuestiones eléctricas estaban muy mal, sobre todo lo de los alambres: que los cables no estaban cinteados. Todo eso lo platicaba a sus amigos y ellos -ya después- me lo contaron a mí”, refiere.

Recién pasó el siniestro, Elvira pensaba que sería cuestión de horas o días para que sacaran a su esposo: “Empezó la primera semana, y como seguían dando información de que se hacían los trabajos, nosotros teníamos una esperanza del rescate. Era sólo cuestión de esperar. Para mí sólo era cuestión de esperar. Sí veía que la gente lloraba, que muchos se preocupaban, pero no entendía por qué, yo decía: ‘simple y sencillamente es cuestión de esperar’.

La tragedia y la batalla por el rescate han convertido a Elvira en una mujer que ahora conoce bien de minas. Sus días pasaron de ser un ama de casa que sólo atendía a su esposo y juntarse con matrimonios, a trámites y pugnas legales, investigación y documentación sobre la tragedia; capacitación de términos de minería y derechos humanos; todo ello al grado, de que hoy es una de las autoras de “Carbón Rojo”, estudio emitido este año por Familia Pasta de Conchos.

El informe documenta y expone las negligencias de la empresa, las inspecciones que mostraban la falta de seguridad, y cómo la Secretaría de Trabajo toleró que la mina siguiera en función arriesgando a sus trabajadores, y cómo el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos, dirigido por Napoleón Gómez Urrutia meses antes había emplazado a la mina por las malas condiciones de seguridad.  Y cómo dejó pasar la negligencia después de “vender” a sus representados.

En 2006, después de la explosión en Pasta de Conchos, Gómez Urrutia fue acusado de desviar 55 millones de dólares, dinero del sindicato minero, para fines personales, durante los sexenios de los ex Presidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa. Pidió exilio en Vancouver, Canadá, donde permanece.

Elvira Martínez Espinoza, acompañada legalmente por la defensora Cristina Auerbar Benavides, solicitó copia del expediente de la investigación de Pasta de Conchos en 2006. Claudia Maricela Escobar Pacheco, María de Lourdes Zapata Rodríguez y Rosa Riojas Hernández, todas viudas, se unieron a la petición. Pero la Contraloría Interna de la Secretaría del Trabajo clasificó como “confidencial” el expediente.

Elvira promovió el Juicio de Amparo 1233/2006, mismo que fue otorgado el 23 de enero de 2007 por el Juzgado Quinto en materia Administrativa en el Distrito Federal.

La demandante –esa mujer que hacía unos años no sabía nada de minas– recibió un total de 1,343 fojas del expediente. Así es como OFPC tiene acceso a las Actas de Inspección Periódicas y Extraordinarias; los Emplazamientos del Sindicato Minero; Actas de Comprobación de Medidas Emplazadas; Actas de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, así como Actas y Asambleas Ordinarias y Extraordinarias desde que Grupo México llegó como Asarco a la región carbonífera.

Elvira ha luchado a contracorriente todo este tiempo, incluso – recuerda- familiares directos le han recomendado claudicar.

–Al principio mi suegro, que en paz descanse, me decía: ‘Nunca les vas a ganar, Elvira, nunca les vas a ganar. Ellos son los del poder, los del dinero. Ya déjate de andar ahí’ .  Y yo le decía: ‘No, porque lo poco que pueda hacer, al menos no me voy a callar, si no voy a poder ganar, ni modo pero yo tengo que luchar’. Yo luché y voy a seguir luchando”–

Elvira lleva cargando doce años con la tragedia de Pasta de Conchos y ocho años de lucha activa que por fin empieza a ver la luz de la justicia. Foto: Crisanto Rodríguez, SinEmbargo

II                       

LA TRAGEDIA QUE NO ENCUENTRA FIN

19 de febrero de 2006. 02:30 horas: una explosión en la Mina 8 de Pasta de Conchos, de Industrial Minera México (IMMSA), filial del Grupo México, deja a 65 mineros atrapados.

El dolor y la desesperanza se apersona a las afueras de la mina. Ahí se quedará. Pasará un año y los familiares de los obreros se quedarán a dormir alrededor de la mina a la espera del rescate.

La mina cuenta con una plantilla de 487 trabajadores en tres turnos: 45 empleados de confianza; 282 trabajadores sindicalizados y 160 trabajadores de la contratista General de Hulla. De las víctimas mortales, cuatro son empleados de confianza; 25, sindicalizados y 36, trabajadores de la contratista.

El siniestro deja 160 huérfanos de padre, 65 familias destrozadas y 65 viudas, [un minero es soltero y otro viudo, se conocerá pronto].

Vicente Fox Quesada, Presidente de la República y Humberto Moreira Valdés, Gobernador de Coahuila, se deslindan.

La filial de Grupo México promete a los familiares pagar el triple del salario de los trabajadores atrapados.

Es viernes el 24 de febrero de 2006 y Xavier García de Quevedo, presidente de IMMSA y el Secretario de Trabajo, Francisco Javier Salazar Sáenz, anuncian que ya no hay condiciones de vida en la mina y declaran a los trabajadores muertos.

Los meses pasan. Nadie queda conforme. Así, llega el 23 de junio cuando encuentran el cuerpo de Felipe de Jesús Torres Reyna. Luego, en el Año Nuevo de 2007, hallan a José Manuel Peña Saucedo.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emite la primera recomendación al respecto el 17 de julio de 2006. El organismo concluye que existen violaciones a los derechos humanos ya que funcionarios de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social permitieron a la empresa trabajar en condiciones de riesgo para la vida y salud de los empleados.

Un año después de la explosión, Grupo México suspende el rescate bajo el argumento de que era riesgoso continuar porque el agua podría tener “Sida”:

“Explorar y rehabilitar esta área expone al personal de la mina a patógenos infecciosos, resultando como mínimo graves problemas gastrointestinales. No obstante, dependiendo de la salud de las víctimas, los trabajadores de rescate pueden estar expuestos a infecciones crónicas incluyendo hepatitis, VIH, patógenos entéricos y tuberculosis. Esta exposición puede suponer severos riesgos para su salud, no solo al personal de la mina, sino a sus familias o en último de los casos, a la comunidad entera”, señala el estudio “Una evaluación de las operaciones de recuperación en la Mina Pasta de Conchos y Resultado de los futuros esfuerzos de recuperación”, decreta uno de los dos peritajes pagados por la empresa, y entregados a las familias la noche del 4 de abril del 2007. Un miércoles Santo.

Las familias son desalojadas de Pasta de Conchos de manera violenta por elementos policiacos enviados por el entonces Gobernador Humberto Moreira el 1 de agosto de 2009.

Acompañados por la defensora Cristina Auerbach Benavides, los familiares de las víctimas emprenden una lucha legal contra la minera y el Estado mexicano. Ha nacido la Organización “Familia Pasta de Conchos”.

III

¿QUIÉN VA A PAGAR POR ESTO?

Y entonces, ¿quién va a pagar por los 65? ¿Quién va a tomar un poco de la responsabilidad? Los nombres de los actores están ahí, a disposición de la opinión pública, como lo estuvieron antes, como lo han estado siempre.

Desde la explosión, tres hombres han ocupado la Presidencia de la República. Vicente Fox Quesada (2000-2006) y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), postulados por el Partido Acción Nacional, y Enrique Peña Nieto (2012-2018), emanado del Partido Revolucionario Institucional. Ninguno llamó a los deudos a Los Pinos. Ninguno incluyó la tragedia en sus discursos. Ninguno mostró ánimo de querer dar un poco de alivio a la región carbonífera de Coahuila que sobrevive en duelo.

Cuando ocurrió la tragedia, el Gobierno mexicano encargó atender la emergencia a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Desde entonces, el encargo prosiguió en esa dependencia. Por tratarse de un desastre, bien pudo haber sido atendido por Gobernación o en Economía que son las carteras que regulan la concesión minera.

Francisco Javier Salazar Sáenz era el Secretario del Trabajo en febrero de 2006. Había sido nombrado después de una breve carrera política que inició como líder de los profesores universitarios de San Luis Potosí. No pasaron ni siete días cuando anunció el fin del intento de rescate con vida de los trabajadores. Su dependencia dictaminó que la mina había sido destruida por un estallido de gas metano, asociado a la explotación carbonífera, y que todos los mineros habían muerto en el primer minuto.

Cuando Felipe Calderón Hinojosa asume en diciembre de 2006 como Jefe del Ejecutivo, nombró en esa Secretaría a Javier Lozano Alarcón. Un nuevo hombre en la dependencia significaba ante los deudos de Pasta de Conchos abrir rendijas para que los cuerpos pudieran ser rescatados. Él los recibió en su despacho y asumió como compromiso un peritaje que permitiera conocer las condiciones de la estructura de la mina y saber así si los restos de los mineros podrían ser recuperados.

El peritaje se hizo, pero no condujo al rescate. En su informe de 2018, la organización “Familia Pasta de Conchos” asienta: “Todo el peritaje se fundó en supuestos porque se trata de “dichos de la empresa”, sin soporte ni fundamento técnico. No entrevistaron a los trabajadores, ni fueron convocados los dos trabajadores mineros que debían participar representando a las familias, pero les dedicaron su investigación”.

Elvira explica que antes que el Gobierno, Grupo México, la empresa dueña de la mina, ordenó dos peritajes cuya conclusión indicó que había riesgos en la mina. Sin embargo, en esa misma evaluación, existe un párrafo que señala  que era posible revertir tal peligrosidad con trabajos y obras adecuados.

Lozano Alarcón renunció a la dependencia en 2011 para contender por una Senaduría por Puebla. En su carrera, ha pertenecido al PRI y al PAN. Su gestión quedó envuelta en controversia. Mientras los deudos de Pasta de Conchos le reclamaban reactivar la posibilidad del rescate, fue señalado de supuesto narcotráfico. Zhenli Ye Gon, empresario mexicano de origen chino lo acusó de narcotráfico y de obligarlo a esconder dinero que habría sido destinado para la campaña de Felipe Calderón.

Elvira refiere que Javier Lozano Alarcón se aferró a la teoría de que las condiciones de la mina no eran propicias para realizar el rescate. “… La verdad es que ni tenemos fundamento legal, por un lado, ni tampoco un fundamento ético para arriesgar nuevas vidas en la búsqueda de cadáveres”, expuso el funcionario en un comunicado en 2011.

Con esta determinación, la esperanza porque el Gobierno ordenara el rescate de cuerpos concluyó.

IV

MINA, SIEMPRE UN RIESGO

Han pasado cuatro mil 513 días desde la explosión. La Organización Familia Pasta de Conchos sostiene lo dicho desde un principio: “la muerte de los 65 mineros es el resultado de la no contención de los riesgos por parte de la avaricia de la empresas que no quieren invertir en seguridad y por la negligencia del Estado”.

La organización cuenta con un dictamen del Instituto Mexicano del Seguridad Social (IMSS) sobre un programa de seguridad para Pasta de Conchos, en 1999, donde advertía que la alta tasa de accidentes en la mina era muy alta, explica Cristina Auerbar.

Además, las inspecciones realizadas en el año 2000 evidenciaban que la seguridad e higiene en la Mina 8, Unidad Pasta de Conchos, ponían en riesgo la salud y la vida de los trabajadores. La empresa no hizo nada al respecto.

“Pasta de Conchos no explotó por una caprichosa acumulación de gas sino porque el sistema de ventilación era insuficiente y sólo necesitaba una chispa de los equipos eléctricos utilizados en la mina”, asevera Familia Pasta de Conchos en el informe Carbón Rojo publicado a inicios de 2018.

El estudio muestra testimonios de mineros del segundo turno y de sobrevivientes del tercer turno, quienes ese día reportaron problemas técnicos y la acumulación de mucho gas. Pero sus avisos fueron ignorados.

Héctor Leija, uno de los trabajadores del segundo turno narró a la OFPC: “Ese día estaban dañados el malacate y los telesillas, así que bajamos a pie hasta nuestro lugar de trabajo. [….]el shuttle car, que estaba ponchado. […] Las locomotoras 1 y 2 estaban dañadas (una dentro de la mina y la otra afuera), así que no había como sacar el carbón. Cuando terminó mi turno y salí de la mina, reporté verbalmente a los mecánicos del turno de tercera todos los problemas que habíamos tenido y que, además, se había reportado que había mucho gas. Me fui seguro de que no bajarían. Fue la última vez que los vi”.

Hervey Flores, un sobreviviente, confirmó: “ese día todo estaba mal. Bajamos a pie porque ni los telesillas servían. Habíamos acordado con los compañeros que nos saldríamos a las 4 de la mañana si no ponían remedio. No llegamos, la explosión llegó antes”, muestra el testimonio recogido por OFPC en el análisis de este año.

La primera vez que un contingente de familiares de Pasta de Conchos acudió a la Ciudad de México se registró el 3 de marzo de 2006, días después de la explosión. Los parientes entregaron una Reclamación a la sede de la Organización Internacional del Trabajo en donde acusaban al Gobierno de violar convenios internacionales. Este contenido pertenece a SinEmbargo

One Response to "Doce años, 3 presidentes, y las familias de Pasta de Conchos no tienen ni cuerpos para enterrar"

  1. Alejandro Páez Varela  28 junio, 2018 at 11:46 am

    Ya que tomaron contenido sin permiso, AL MENOS deberían darle crédito a SinEmbargo y a los periodistas que trabajaron durante semanas.

    Responder

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