Arrestos arbitrarios marcan la gestión de Mancera, acusan activistas

FOTO: ISABEL MATEOS /CUARTOSCURO.COM

Durante la administración de Miguel Ángel Mancera Espinosa, la policía de la Ciudad de México se ha caracterizado por realizar detenciones arbitrarias. Lo ha documentado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y su homóloga local, así como organizaciones civiles y activistas.

La estrategia de Mancera, coincidieron especialistas en derechos humanos y seguridad, ha estado marcada por una serie de desatinos que han dejado a la vista la falta de capacitación de la policía capitalina y la falta de sanciones contra funcionarios, que se traduce en impunidad.

“La policía capitalina se constituye sobre la base de la policía del ‘Negro’ Durazo y los cimientos de esa policía permanecen vigentes. Una policía autoritaria que participó en los movimientos de los 70. El Gobierno del ingeniero [Cuauhtémoc] Cárdenas logró una mejora, pero nunca pudo erradicar ese gen autoritario”, sostuvo Jesús Robles Maloof, abogado y activista defensor de los derechos humanos.

Robles Maloof fue uno de los abogados que defendieron a las víctimas de las detenciones arbitrarias del 1 de diciembre de 2012 durante la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, y de los detenidos durante las manifestaciones de septiembre de 2013 y las que le sucedieron durante 2014 y 2015 en el marco de las marchas por el caso Ayotzinapa.

Sólo entre diciembre de 2012 y 2015, la Liga de Abogados contabilizó mil 150 detenciones de jóvenes en el contexto urbano; ya sea por protestar, bailar o reunirse.

“Hubo un logro en tanto que habían marcado límites; los habían modernizado a gran parte de los elementos a través de una buena academia. El problema es que con [Miguel Ángel] Mancera esos controles que se tenían se rompieron desde el primer día de la gestión de Peña Nieto. Mancera no hizo más que permitir que esa pulsión autoritaria con la que nació la policía capitalina tuviera rienda suelda”, dijo.

Las detenciones arbitrarias durante la protesta social fueron objeto de recomendaciones de la CNDH a la policía capitalina, que sólo se han cumplido parcialmente.

Durante las protestas del 1 de diciembre de 2012 –cuando aún gobernaba Marcelo Ebrard Casaubón– se detuvieron a 99 personas, de las cuales 97 fueron puestas a disposición del Ministerio Público dice la recomendación 7/2013 dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública de la ciudad y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), al Tribunal Superior de Justicia (TSJDF) y a la Secretaría de Gobierno.

Aunque las detenciones se dieron aún durante la gestión del ex Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard, le tocó a la administración de Mancera recibir y cumplir la recomendación de la CNDH.

Jóvenes, blancos de detenciones arbitrarias en la CdMx. Foto: Cuartoscuro

En la recomendación, la CNDH condena “categóricamente la violencia que se suscitó el 1 de diciembre de 2012 en el Distrito Federal, pero de la misma forma condena la respuesta policial que dichos eventos genera y reitera la ausencia de una estrategia de intervención policial adecuada que tuvo efectos colaterales que se materializaron en violaciones múltiples de derecho y en el detrimento patrimonial de comercios y bienes públicos”.

En 2013, en su segundo año de Gobierno, el organismo le hizo saber a las instituciones policiacas de Mancera Espinosa que debía sancionar a los policías que violaron los derechos humanos de los manifestantes.

La CNDH recomendó modificar el Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública con un enfoque de derechos humanos, así como formular una denuncia ante la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGJDF, a fin de que se investigaran los delitos en los que incurrieron los policías que participaron en el operativo del 1 de diciembre de 2012.

Sin embargo para septiembre de 2013 y para noviembre de 2014, las detenciones arbitrarias de jóvenes principalmente, no se detuvieron.

El 20 de noviembre, por ejemplo, fueron detenidas 31 personas en el contexto de la mega marcha en protesta por la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Iguala, Guerrero el 26 de septiembre de ese año.

“No existe de parte del Gobierno una reacción, lo que se interpreta como algo permisible. Tengo registro de una sola sanción, de manera que son contadas con los dedos de una mano las sanciones que hay a la policía”, dijo Maloof.

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