A rajatabla, la protección legislativa para las grandes empresas mineras

Fue el caso de la iniciativa elaborada por una docena de organizaciones y movimientos afectados por la gran minería tóxica, que en septiembre de 2013 presentaron los senadores Dolores Padierna, Alejandro Encinas y Layda Sansores, la cual, pese a sus esfuerzos y llamados a que se dictaminara, fue dese-chada en diciembre de 2015.

Hubo una disposición absoluta a no aprobar nada sobre los minas, que ha sido uno de los sectores más protegidos y beneficiados, comentó la senadora Padierna. Recordó que durante las negociaciones de la reforma constitucional energética, en diciembre de 2014, a última hora y con el aval de PRI y PAN modificaron el dictamen, con disposiciones que beneficiaron a los concesionarios mineros, un grupo pequeño de extranjeros y mexicanos.

Recientemente, en diciembre del año pasado, el PRI y la mayoría del PAN impidieron que en la Ley de Biodiversidad se plasmara la prohibición expresa de llevar a cabo proyectos de explotación minera en áreas naturales reservadas, ello pese a la argumentación de la senadora panista Silvia Garza, quien a contracorriente de su bancada, expuso los riesgos de permitir ese tipo de proyectos.

Desde el inicio de esta legislatura, cuando la lucha de los familiares de Pasta de Conchos puso en evidencia la necesidad de instaurar un nuevo marco jurídico a la actividad minera, se presentaron varias iniciativas, que corrieron la misma suerte: la congeladora.

El proyecto más ambicioso fue una nueva ley minera, que los senadores Padierna, Sansores y Encinas presentaron ante el pleno el 19 de septiembre de 2013, y que había sido elaborada por el Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier, el Movimiento Morelense contra Concesiones Mineras, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y otras más, que han dado una fuerte lucha contra la instalación de mineras tóxicas en sus regiones.

La reforma plantea que la minería deje de ser un actividad preferente sobre cualquier otro uso u aprovechamiento del terreno, como lo señala la ley actual, se fija como requisito indispensable para cualquier concesión una licencia social, se instaura el derecho de las comunidades indígenas al goce preferencial de su territorio frente a actividades mineras, se anulan las cláusulas de confidencialidad que se usan para ocultar la información económica y fiscal que deben entregar las empresas al Estado y se introduce el cobro de regalías.

La iniciativa pretendía un nuevo marco legal para impedir el saqueo indiscriminado de recursos naturales. Hay estadísticas que muestran que las trasnacionales mineras pagan a México el equivalente a 1.18 por ciento de los recursos que explotan en territorio nacional, pero el gobierno federal no quiere que la situación cambie, recalcó la senadora Padierna.

Leave a Reply

Your email address will not be published.