De los gobiernos que se van, los de Velasco, Graco y Yunes son los peores

 

De los nueve estados que renovarán Gobernador en julio, dos registraron un alza en su deuda pública y otros dos la dejan en semáforo rojo, todos presentan irregularidades en el uso de recursos públicos para infraestructura, y tres tienen deficiencias en la implementación de su Sistema Local Anticorrupción, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, la Auditoría Superior de la Federación y el Semáforo Anticorrupción de organizaciones civiles.

Los gobiernos que van de salida que han gestionado con más opacidad y gasto no son del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sino de otros partidos: el de Manuel Velasco Coello en Chiapas (PVEM); el de Graco Ramírez Abreu en Morelos (PRD) y el de Miguel Ángel Yunes Linares en Veracruz (PRD-PAN), con base en las tres variables revisadas.

Tanto Morelos como Chiapas fueron de las zonas más golpeadas por el terremoto del 7 de septiembre, por lo que sus sucesores deberán continuar el proceso de reconstrucción en medio de ese ambiente de opacidad.

En diciembre las organizaciones Impunidad Cero y Transparencia Mexicana presentaron el Coeficiente TAI para analizar en conjunto la transparencia, anticorrupción e impunidad de las entidades. En ese estudio, Morelos y Puebla reportaron el peor desempeño en los tres ámbitos.

El Frente Amplio Morelense de la Universidad Autónoma de Morelos ha comparado al Gobernador Graco Ramírez con el ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, encarcelado por enriquecimiento ilícito.

“Lo que ha hecho es montar su propia red de corrupción e impunidad, con la creación de empresas fantasmas, prestanombres, compra de casas y departamentos en el extranjero, compra de obras de arte, al igual que lo hiciera en su momento Javier Duarte. Hoy reiteramos, cada minuto que te quedes Graco en el poder, es un minuto más  en el que se confirma que eres el Duarte de Morelos”, expuso en un comunicado.

LOS ESTADOS MÁS ENDEUDADOS

Los gobernadores de Morelos y Yucatán elevaron la deuda pública respecto a cuando iniciaron la administración, revelan cifras de la Secretaría de Hacienda. Además, los mandatarios de Chiapas y Veracruz la dejarán en semáforo rojo, de acuerdo con México, ¿Cómo Vamos?

Esta organización civil expone que la deuda es un mecanismo para generar obra pública e inversión que no debe ser abusado. Puede ser positiva si se utiliza para financiar proyectos que beneficie a los ciudadanos, pero una deuda demasiado alta genera desconfianza por parte de inversionistas privados.

El perredista Graco Ramírez Abreu recibió una deuda pública morelense en octubre de 2012 equivalente al 1.6 por ciento del PIB (mil 500 millones de pesos) y la elevó 500 por ciento hasta dejarla en 2.4 por ciento al tercer trimestre de 2017 (9 mil millones de pesos).

“Su gobierno no lucha contra la corrupción y la impunidad, las promueve, alienta y hace de ellas política principal de la administración. Prueba de ello son las acusaciones documentadas que advierten que la familia de Ramírez desvió más de mil millones de pesos del crédito aprobado en 2013 por el Congreso local y que ha elevado a 9 mil millones de pesos la deuda pública de Morelos, empeñando por 30 o 40 años el futuro de la entidad”, denunció el Frente Amplio Morelense de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Además, se irá del cargo sin haber combatido la inseguridad en la entidad, donde se hallaron fosas clandestinas de Tetelcingo y Jojutla, pues sigue en los primeros lugares de incidencia delictiva del país, añadió.

YUCATÁN, MÁS DEUDA

En octubre de hace cinco años, el priista Rolando Zapata Bello recibió una deuda en Yucatán del 1.1 por ciento del PIB y la entregará en 1.4 por ciento más, esto es casi 4 mil millones de pesos.

El Congreso de Yucatán aprobó por mayoría el ejercicio de 580 millones de pesos por parte del Gobierno local para el 2018 por un plazo de hasta 20 años sin que especificara en qué se invertirá, denunció la Diputada local de Morena, Jazmín Villanueva Moo. Sólo indica que serán utilizados para “inversiones público productivas en el Centro Internacional de Congresos, por lo que, dijo Villanueva, “se deja en estado de incertidumbre el destino de los recursos, situación que podría ser muy oportuna para quien lo pretende ejercer, en un año tan complejo y con un proceso electoral en puerta”.

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