Traslado de «El Tatos», causa de motín en penal

Foto de El Universal

 

Internos del penal Sergio García Ramírez, también conocido como Chiconautla, se amotinaron ayer por la mañana en protesta porque el pasado viernes fue trasladado allí Luis Alberto González Nieto, El Tatos, quien torturaba reos en la cárcel Neza-Bordo para extorsionar a sus familiares. La revuelta dejó tres lesionados, uno por arma punzocortante.

Alrededor de 600 agentes estatales antimotines, apoyados por elementos del Ejército Mexicano, tomaron el control de la prisión estatal, donde los reclusos incendiaron el taller de carpintería, lo que generó una densa columna de humo.

Cientos de familiares de los internos se apostaron frente al centro penitenciario; algunos intentaban entrar y otros exigían a gritos y entre insultos información sobre sus parientes.

Luis Arias González, director general de Prevención y Reinserción Social del gobierno mexiquense, informó que el motín estalló alrededor de las 7:45 horas, de ayer pero comenzó a gestarse la noche del domingo, cuando un grupo de nueve reos que presuntamente protegían a El Tatos fueron trasladados a otras cárceles.

Esto propició que algunos internos intentaran atacar al presunto cabecilla, acusado de tortutar a reos del penal Neza-Bordo, según videos difundidos la semana pasada por la agencia MVT.

Los inconformes con la llegada de Luis Alberto González Nieto prendieron fuego al taller de carpintería, así como a colchones y otros enseres.

Durante la revuelta se escucharon detonaciones de proyectiles de gas lacrimógeno, así como disparos de arma de fuego que los custodios hicieron desde el techo de la aduana.

Agentes estatales, apoyados por soldados, se desplegaron frente a la puerta del reclusorio y posteriormente ingresaron en grupos. Desde fuera se observó cómo sometían a los reos. Un helicóptero sobrevolaba la zona.

Por más de cuatro horas se observó fuego dentro del penal y finalmente el motín fue controlado. El saldo oficial fue de dos reos y un custodio heridos, uno por arma punzocortante.

Alrededor de 600 familiares de los reclusos se plantaron a la entrada del centro penitenciario e intentaron ingresar, en medio de gritos, llanto y angustia por no tener información acerca de sus parientes.

Aseguraron que desde que llegó El Tatos sus parientes presos comenzaron a ser golpeados y extorsionados, por lo que exigieron que sea llevado a otra cárcel. Pasadas las 16 horas, los inconformes apedrearon varias unidades en las que un grupo de agentes se retiraba.

El gobierno del estado de México emitió un comunicado en el que dijo que El Tatos ha estado por lo menos en 12 centros de reinserción social durante los pasados 10 años y en esas estancias ha generado problemas.

Dijo que este sujeto está amparado y en una década no se le ha dictado sentencia; además, tiene pendiente una orden de aprehensión girada en la Ciudad de México, y otras causas penales abiertas.

Sobrepoblación de 400%

Desde hace tres años la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CDNH) considera el penal de Chiconautla uno de los centros de readaptación social con más problemas en el estado de México. Su población es de 4 mil 500 internos, pese a que su capacidad es de apenas 958, una diferencia de más de 400 por ciento.

Este hacinamiento, aunado al déficit del personal de custodia, ha generado problemas graves de gobernabilidad y de garantías para la integridad de los convictos.

Año con año, la CNDH ha advertido al gobierno mexiquense sobre los riesgos que representa tener cárceles en estas condiciones y ha solicitado atender rezagos.

En el diagnóstico del sistema penitenciario que elaboró ese organismo en 2016, el penal de Chiconautla fue uno de los tres centros preventivos reprobados en la entidad, además de la cárcel de Barrientos, en Tlalnepantla, y el penal de Cuautitlán.

Según los propios internos, en una celda llega a haber hasta 30 personas. A la sobrepoblación y el hacinamiento se suma la insuficiencia de personal de custodia, falta de servicios de salud e higiene deficiente.

El organismo constató el año pasado que sigue sin haber separación entre internos procesados y sentenciados y que tampoco existen medidas disciplinarias suficientes y adecuadas. Lo más grave es que se detectaron casos en que los internos usurpan funciones de la autoridad.

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