Son 11: Graco, ediles, diputados. Enseñaron el cobre con el 19S por eso los investigan

 

Hace un mes, a las 13:14 horas un sismo de 7.1 grados, con epicentro al sureste de Axochiapan, Morelos, estremeció al centro del país. Causó la muerte de 369 personas, dañó más de 180 mil viviendas y dejó más de 250 mil damnificados en seis estados. A 30 días de ocurrido el fuerte temblor, las autoridades calculan que la reconstrucción costará alrededor de 48 mil millones de pesos.

Los mexicanos, 32 años después del terremoto del 85, se volvieron a movilizar, solidarizar y donar víveres. Sin embargo, el Fiscal de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, lamentó que pese a la tragedia se están investigando desde el martes 26 de septiembre seis casos por denuncias por la condición de ayuda con fines electorales por parte de funcionarios públicos en Morelos, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Estado y Ciudad de México.

Nieto detalló que investigan en Morelos al DIF Estatal, luego de que ciudadanos acusaron en redes sociales al Gobernador Graco Ramírez Abreu y a su esposa Elena Cepeda por el desvío de dos tráileres a una bodega de la institución gubernamental; en el municipio de Pátzcuaro, Michoacán, tras inculpar al DIF estatal por etiquetar apoyos; en Irapuato, Guanajuato, gestionado por el panista Ricardo Ortiz Gutiérrez; en Tehuitzingo, Puebla, por señalamientos contra la Diputada panista Rocío Aguilar Nava por entregar apoyos con su nombre y logo del partido; en la delegación Coyoacán de la capital gestionada por el perredista Víctor Maldonado, para determinar si el PRD reetiquetó los apoyos con su color; y en el municipio Atlautla, Estado de México, gobernado por Mauro Sánchez Marín.

“En Pátzcuaro, Puebla y Morelos se presentaron videos en donde aparece la retención de los vehículos y por otro lado en varias ocasiones el reetiquetamiento de los mismos”, afirmó el Fiscal. La indagatoria “se desarrolla respecto a la vinculación con los partidos políticos. En Pátzcuaro y Morelos, con el PRD; en Puebla, con el PAN, y en el Estado de México con el PRI”.

La Fepade también se encuentra investigando en Juchitán, Oaxaca, por el posible desvío de víveres tras el terremoto de 8.2 grados que ocurrió la noche del 7 de septiembre, que también afectó municipios de Chiapas. El municipio es gobernado por Gloria Sánchez López.

Asimismo, la Fiscalía especializada indaga el caso en Veracruz. Tras el paso del huracán “Katia” por la entidad, Rafael Jesús Abreu Ponce, director de la Comisión del Agua estatal de Coatzacoalcos; Ricardo Cabrera Ferez, delegado de Patrimonio en Xalapa; y Mauro Sánchez Pola, Rector de la Universidad Tecnológica del Sureste en Nanchital, repartieron apoyos a damnificados en Coatzacoalcos utilizando el nombre del Gobernador Miguel Ángel Yunes y colores del Partido Acción Nacional (PAN). El partido político se deslindó.

Graco Ramírez y Elena Cepeda. El Gobernador de Morelos y su esposa están bajo investigación de la Fepade, por uso electoral de recursos y donación de víveres del terremoto del 19 de septiembre pasado. Foto: Cuartoscuro

El artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales expone que se impondrá prisión de dos a nueve años al funcionario público que utilice o permita emplear bienes que tenga a su disposición a favor de un partido político o candidato. Ante ello, y la presencia de denuncias ciudadanas –algunas mediante videos–, la Fepade se comprometió desde el 22 de septiembre a no permitir “que se lucre con la necesidad de aquellas personas que están sufriendo estos siniestros naturales”.

Siete días después del temblor, cuando se seguía en labores de rescate, la Fepade informó que había comenzado a investigar posibles casos de condicionamiento de apoyo de programas sociales a damnificados con fines electorales o la reetiquetación con logos partidistas o de gobiernos, los cuales son delitos electorales de confinamiento, de programas sociales, peculado electoral y financiamiento con aportaciones en especia a un partido político.

Hasta este 19 de octubre, un mes después, no se han emitido conclusiones de las nueve indagaciones por posibles delitos electorales abiertas por los dos sismos de septiembre y por el huracán.

Protección Civil, luego de sacar el último cuerpo entre los escombros la primera semana de octubre, informó que 228 personas fallecieron en la Ciudad de México; 74 en Morelos; 45 en Puebla; 15 en Estado de México; seis en Guerrero, y uno en Oaxaca.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) reportó –con datos preliminares porque no han concluido los censos– que en Oaxaca hubo 33 mil casas con daño total; en Chiapas 16 mil 803; en Morelos 349; en Puebla 3 mil 319; en el Estado de México mil 695; y 38 edificios se derrumbaron en la Ciudad de México. Además, desde el 9 de octubre comenzaron las demoliciones de inmuebles que presentan daños estructurales.

Al menos en el caso de la capital del país, la Procuraduría de Justicia local abrió 156 carpetas de investigación para determinar responsabilidades tanto del sector público como de los directores responsables de obra en el derrumbe de edificios habitacionales nuevos como el caso de dos inmuebles en la delegación Benito Juárez, una de las demarcaciones más afectadas por los movimientos telúricos.

En línea con la sospecha de corrupción en el sector de construcción durante la emisión de permisos y técnicas de edificación, organizaciones civiles y empresariales han llamado a la transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a la reconstrucción de las entidades afectadas. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) propuso un fideicomiso público y la organización Nosotrxs un fondo único que aglutine todas las aportaciones público y privadas.

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