La tortura se disparó 1,376% con EPN; y detrás hay servidores públicos: ONGs

 

La tortura en México es una práctica generalizada, alertó desde el 2015 el ex Relator contra la Tortura de las Naciones Unidas Juan Méndez. La declaración causó molestia en el Gobierno federal, que de inmediato respondió que la aseveración no correspondía “con la realidad ni refleja los enormes esfuerzos” que hacía el país en contra de ese delito.

A inicios de este año, el Informe del representante del organismo internacional refrendaba su sentencia.

A dos años de la primera afirmación de la ONU, las cifras sobre tortura del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto dan cuenta que esta las denuncias por ese delito no sólo no disminuyeron sino que crecieron de manera exponencial en la presente administración.

Los datos de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhiben el aumento de los reportes de este crimen.

El sexenio del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa acumuló 374 averiguaciones previas por presuntos actos de tortura, en tanto que Peña Nieto acumuló 5 mil 521 entre el 2013 y el 2016. Un aumento de mil 376 por ciento, sin que aún finalice el actual periodo de Gobierno.

Edgar Cortez Morales, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia AC, expuso que además del número de averiguaciones de la PGR es preocupante la falta de castigo de este tipo de delito.

“El gran problema del Sistema de Justicia es la poca capacidad de investigación. Eso influye mucho porque existe una conciencia entre policías y autoridades que incurren en la tortura de que las posibilidades de ser castigados son pocas”, explicó.

“Generalmente estos temas se investigan y se sancionan de manera individual, sobre un agente policial, sobre un miembro del Ejército. La ley del Ejército es distinta a la ley civil. Sin embargo, lo que sí hemos notado es que hay una solapación institucional hacia estas prácticas”, dijo Antia Mendoza Bautista, Directora de Seguridad y Paz Ciudadana (Seypaz).

El encubrimiento de la tortura se da de forma informal, y muchas de los actos de tortura responden a una presión de las cúpulas policiales para obtener confesiones que respalden las carpetas de investigación por supuestos delitos, detalló la directora.

“Existen sanciones individuales pero eso no ha cambiado, ni genera un incentivo para cambiar estas prácticas en nuestra policía porque no hay sanciones a la institución”, amplió.

Por ejemplo, entre el 2014 y el primer semestre 2017 el Poder Judicial de la Federación registra 22 personas sentenciadas.

Esto representa el 45 por ciento de las 48 causas penales en el mismo periodo, y también representa el 0.28 por ciento de las 7 mil 810 averiguaciones previas y carpetas de investigación (así llamadas en el nuevo sistema de justicia) de esos años.

De acuerdo con una solicitud de transparencia hecha a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 161 de 282 quejas por tortura, entre el 2013 y el primer semestre 2017, culpan a la Policía Federal. Lo que es igual al 57 por ciento del total de expedientes en ese periodo.

El conjunto de quejas registradas en la CNDH casi se triplicaron durante el periodo de Enrique Peña Nieto, quien acumuló hasta junio 282, en contraste con su antecesor, el panista Felipe Calderón, quien sumó 99.

En junio, el Nuevo Sistema de Justicia Penal cumplió su primer año de funcionar. Édgar Cortez ve que la entrada puede traer un impacto de disminución a la tortura, aunque aún es pronto para ver resultados.

“Ahora con estos proceso de juicios orales, y audiencias públicas, probablemente contribuirán a que sea más difícil torturar. Si presentas a una persona con signos de tortura en una audiencia pública es mucho más difícil negarlo”, explicó el investigador.

Además, los jueces de control, quienes son los encargados de evaluar en un primer momento los casos, podrán determinar en qué condiciones se han hecho las detenciones u obtenido declaraciones.

Ya con el Nuevo Sistema, los primeros seis meses de 2017 registran mil 482 carpetas de investigación por tortura, una cifra similar a las mil 484 acumuladas en todo el 2016.

Los estados con mayor número de carpetas de investigación por este delito en 2017 son Oaxaca con 101, seguido por Coahuila y Nuevo León con 85.

Caso contrario a los estados de Jalisco, San Luis Potosí con ninguna carpeta; Campeche, con dos; y Baja California Sur, con tres.

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