Si el PRI y el PAN militarizan el sistema de seguridad, México no tendrá paz: ONGs

GFoto de Rashide Frías

 

Las iniciativas de Ley de Seguridad Interior proveen un marco para dejar en la impunidad las violaciones militares, apuntalaron organizaciones de la sociedad civil. El Gobierno federal se ha puesto de espaldas a los resultados de diez años de guerra, criticaron.

 

Si bien los impulsores de legislar un reglamente para las operaciones del Ejército abogan que dará certeza jurídica, la interpretación de las organizaciones civiles difiere.

“La iniciativa de ley lo único que ayuda es a darle todo el marco jurídico al Ejército para salir a las calles y militarizar el país”, dijo Tania Reneaum Panszi, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.

La participación del Ejército, asentada desde el 11 de diciembre de 2006, cuando el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa envío tropas a Michoacán para combatir al narcotráfico, ha dejado al país marcado por las secuelas de la violencia.

Al menos 186 mil personas fueron asesinadas entre 2007 y 2015, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“Es una política miope [esta iniciativa] y muy irresponsable, porque ignora lo que las organizaciones de la sociedad civil han documentado con pruebas fehacientes y testimonios de víctimas, que dan cuenta de los abusos de poder perpetrados por las fuerzas armadas”, dijo Reneaum.

Los registros del Inegi reflejan que durante el sexenio del ex Presidente Vicente Fox Quesada hubo 17 asesinatos por día. Un promedio que se elevó a 54 con el gobierno sucesor de Felipe Calderón Hinojosa.

“En el contexto de la lucha contra las guerra contra las drogas existe una política para cometer crímenes de lesa humanidad”, alertó José Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), organización que se ha dedicado a la búsqueda de la justicia cometida por militares.

Guevara sostuvo que las extralimitaciones del Ejército corresponden a una determinación orquestada por las instituciones: “Donde se justifica la ejecución extrajudicial, la tortura y las desapariciones”.

El Presidente Enrique Peña Nieto, consciente de la crisis de seguridad, apostó por la permanencia del Ejército en las calles. Los datos oficiales hablan de 29 mil 196 desaparecidos entre 2007 y 2016.

En cuatro años Peña Nieto sumó 15 mil 647 casos de personas no localizadas, superando así a Calderón que en su sexenio acumuló 13 mil 549 casos, de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED).

Sin embargo, desde octubre el jefe de la bancada priísta presentó una iniciativa para una Ley de Seguridad Interior, que pese al rechazo de los partidos de oposición contará con el apoyo del Partido Acción Nacional (PAN), la segunda bancada mayoritaria en el Congreso.

“La realidad es que varios órganos de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y un mecanismo de Naciones Unidas le han dicho claramente al Estado mexicano que no se pueden utilizar las fuerzas armadas para hacer funciones de seguridad pública. La experiencia además demuestra que es altamente desaconsejable”, destacó Reneaum.

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